Sobre Reformas, Integración – Inclusión y Exclusión Educativa

La educación es un derecho humano fundamental que resulta vital para alcanzar el amplio espectro de objetivos de desarrollo incluidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  La educación de buena calidad es la clave para mejorar la salud y el nivel de vida de los más marginados y desaventajados, promover el desarrollo sostenible y erradicar la pobreza: en suma, para transformar vidas y construir un mundo más pacífico.

Sólo se puede responder a los retos globales de hoy mediante la expansión de una educación de calidad que brinde el saber y las competencias que necesita cada individuo para modelar su futuro, participar en la sociedad y llevar una vida productiva y cargada de sentido. La confusión existente en el plano internacional en este terreno procede, por lo menos en parte, del hecho de que el concepto de educación inclusiva se puede definir de diversas maneras. También es importante recordar que no hay una única perspectiva de la inclusión en un solo país, ni siquiera en una escuela.

La “educación inclusiva” puede suponer una gran variedad de políticas y enfoques en las distintas regiones, si bien en la mayoría de los contextos el término se utiliza habitualmente para referirse a las estrategias que buscan integrar a los alumnos con necesidades especiales en las escuelas de educación general.  En general se da por descontado que la inclusión se refiere primordialmente a la enseñanza de alumnos con discapacidades y otros que en las escuelas ordinarias se catalogan como “alumnos con necesidades educativas especiales”.

Se ha cuestionado la utilidad de este criterio, ya que destaca el aspecto de “discapacitación” o de “necesidades especiales” de los alumnos y omite los otras formas que impiden o mejoran la participación. Existe el peligro, de que al rechazar esta idea de la inclusión ligada a las necesidades educativas especiales y la discapacidad, se desvíe la atención de la segregación constante de los alumnos a los que se clasifica de esta forma.

La inclusión puede comprender la afirmación de los derechos de los jóvenes discapacitados a una educación general local, punto de vista postulado con ímpetu por algunos discapacitados. La perspectiva de los derechos invalida esos argumentos. Así, se considera que la segregación obligatoria contribuye a la opresión de los discapacitados, igual que las prácticas que marginan a otros grupos por motivos de raza, género u orientación sexual.

La organización escolar y la práctica del aula deben atenerse a unos principios generales:

a) la eliminación de las barreras estructurales entre los distintos grupos de estudiantes y el personal

b) el desmantelamiento de programas, servicios y especialidades aislados

c) el desarrollo de enfoques pedagógicos (como los enfoques constructivistas y el aprendizaje cooperativo) que permitan a los alumnos aprender juntos y no separados.

También se afirma que las escuelas deben entablar estrechas relaciones con los padres y las comunidades, basadas en el fomento de una adhesión común a los valores de la inclusión.

En los sistemas políticos democráticos, la inclusión se ha convertido en un eje central (o en un punto a debatir, cuando menos) del discurso político general y del discurso de la política educativa en particular, e incluso, en algunos casos, en un imperativo legal y/o moral. Pero ¿qué significa, para una sociedad, ser inclusiva?.

Inclusión social es un término relativamente reciente que formula un importante concepto político generado en Europa en los años ochenta, como respuesta a las crecientes disparidades sociales derivadas de las cambiantes condiciones del mercado laboral y de las cambiantes necesidades de poblaciones cada vez más diversificadas. Pese a esto, la mayoría de los especialistas en ciencias políticas democráticos afirman hoy que la virtud de la democracia reside en su inclusividad, su capacidad de incorporar los grupos antes privados de sus derechos civiles al proceso de toma de decisión política.

En el campo de la educación para necesidades especiales, la inclusión se utiliza en relación directa con la inserción de los alumnos de educación especial en estructuras de educación general.  Esto implica el compromiso de educar cada niño hasta el límite máximo correspondiente, en la escuela y la clase que habría alcanzado si no se hiciera referencia a la discapacidad, y supone ofrecerle servicios de apoyo, más que trasladarlo a otras estructuras especiales, como las escuelas especiales.

Las reformas integradoras plantean problemas qué se derivan fundamentalmente del tipo de procesos que han seguido, a pesar de los cambios parciales de tipo curricular, organizativo y profesionales, La escuela tiene serias dificultades para coger la idea misma de la diversidad.

Las nociones de inclusión y exclusión, Propone una comunidad en la que estamos incluidos o excluidos en término de participación. Y hablar de inclusión nos remite a las consideraciones de prácticas democráticas.

En definitiva, las reformas educativas inclusivas supone revisar el compromiso y el alcance de las reformas integradoras previas, tratando de construir una escuela que responda no sólo a las necesidades especiales de algunos alumnos. El reto escolar no se reduce a adaptar la escuela para dar cabida a un determinado grupo de alumnos, sino demanda un proceso de reestructuración global de la escuela para responder desde la unidad a las diversidad de necesidades de todos y cada uno de los alumnos.

El programa Educación para Todos de la UNESCO ha ejercido una influencia destacable, particularmente al proponer una concepción amplia de la educación inclusiva (garantizar a todos el derecho a la educación, con atención especial a los más marginados).

 La política de la inclusión no solo corresponde a las grandes fuerzas sociales y económicas, también reside en el interior de los sistemas escolares, en centros y aula. Son políticas las decisiones que se toman sobre estructuras (agrupamientos de alumnos, impulso de programas, omisiones e indiferencias), así como también las dosis mayores o menores de compromiso compartido o delegado en la lucha contra el fracaso y la exclusión escolar.

Los centros y los profesores son instituciones y agentes políticos. Deciden, dentro de sus propios márgenes, sobre contenidos curriculares y aprendizajes valorados y devaluados; imponen culturas hegemónicas y silencian otras minoritarias, albergan relaciones de poder y, a veces, de subordinación en lo que se exige, cómo se enseña, cómo se evalúa y con qué consecuencias.

La inclusión de todos en el derecho a la educación exige, además, autonomía y responsabilidad de los centros y su personal; autonomía y capacidades para ejercerla; autonomía convertida en transformaciones internas con propósito y rendición de cuentas pública y con efectos.

Referencia

Marchant, C. (2009). Sobre reformas, integración-inclusión y exclusión educativa: Reflexiones a partir de la experiencia española. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 3(2).